PARA UN MÁS ALLÁ DE LOS EFECTOS DEL CONFLICTO EN COLOMBIA
Suscribo totalmente la incitación de Néstor Braunstein a los psicoanalistas: hay que deslindar, cada vez con más decisión, al psicoanálisis de la ley del mercado. Si puede ser revolucionario, los psicoanalistas debemos pensar por fuera del marco que han decidido las autoridades oficiales encargadas de poner en ejecución programas de salud diseñados al tenor de las exigencias de la banca mundial. Y asumir con decisión el ejercicio de pensamiento crítico dirigido hacia aquellos discursos que se formulan desde las agremiaciones destinados a legitimar un cierto modo de proceder frente a la dicotomía normal/patológico en las actuales circunstancias.
Poderosos intereses económicos se expresan tanto a través del diseño de las políticas de salud, como de la nomenclatura psicopatológica redactada en beneficio de la multiplicación de “entidades”, a través de una nosografía que privilegia la cuantificación y la estadística por sobre la revisión minuciosa de la clínica propiamente dicha.
Una ley es imperativa para el mercado: sobrevive quien logre minimizar costos y maximizar utilidades. Este principio, que se enseña como tal a los que se preparan como administradores de salud, termina imponiendo patrones de atención que desautorizan la importancia terapéutica de la relación del profesional con sus pacientes. La taylorización de una producción que se expresa en número de pacientes atendidos por medida de tiempo y por profesional, no es otra cosa que la imposición de criterios extra-terapéuticos capaz de someter el rendimiento profesional y obligarlo a dejar de lado sin, consideración alguna, variables del proceso salud/enfermedad que no hacen parte del aspecto meramente biológico de la enfermedad. Lo que se promueve como ejercicio basado en la evidencia, es simplemente, administración del tiempo de la consulta que beneficia el predominio de la cantidad sobre la calidad de la atención. Aquí los que ganan, en desmedro de los intereses de los enfermos, de sus familias y de la sociedad, son los intermediarios financieros. Otro efecto es el de constreñir la terapéutica al uso de fármacos exclusivamente.
Por otra parte, la proliferación de entidades, de trastornos, de diagnósticos, tiene por resultado relativizar la importancia de la clínica a favor de la extensión de una terapéutica basada solamente en la farmacología. La redacción de manuales estadísticos cada vez depende menos de los grupos académicos y más de las comisiones conformadas por colaboradores de la poderosa industria farmacéutica.
Las reformas de la salud, en este sentido, consiguen multiplicar el número de consultas por hora al tiempo que multiplican el número de entidades mórbidas, garantizando el beneficio económico del complejo industrial-financiero que, en países como Colombia, se ha garantizado su hegemonía mediante la combinación de diversas formas de lucha, entre otras, la violenta, a través de la financiación y el amparo a grupos paramilitares que se encargaron de conseguir el indispensable sometimiento de vastos sectores de la población mediante la intimidación.
Es por la eficacia de los victimarios que se hizo posible la configuración de una política de salud pública con la que se logró desmantelar toda la estructura estatal que prometía una oferta de salud basada en la idea de que la salud era un derecho humano. Ciertamente que esa estructura no garantizaba la multiplicación de la oferta, pero decenas de años que se había tomado configurarla hubieran merecido mejor trato por parte de los gestores de la reforma, muchos de ellos accionistas de los intermediarios financieros de los nuevos actores que operan en el sector. No les interesaba: la eliminación de programas que ofrecían garantías de promoción y de prevención, la apropiación de redes hospitalarias completas por parte de entidades privadas, la generosa política de apoyo y subsidio a estas entidades (que contrasta con el comportamiento avaro del Estado en el auxilio de las entidades públicas) y la decidida contribución gubernamental a la sostenibilidad de la rentabilidad de las mismas, indican que se trataba de una política destinada a apropiarse de la oferta con el fin de enriquecer a unos pocos con la toma.
Todo fue posible porque no hubo, por parte de los afectados, capacidad de afrontamiento de esa ofensiva. Bien por los resultados de la intimidación, bien por la proclive tendencia a identificarse con los poderosos a la espera que de dicha identificación se obtengan beneficios, bien por la tentadora posibilidad de acceder a servicios de que se carecía en el antiguo sistema de salud. Pero sobre todo, porque los profesionales de la salud se entregaron complacidos al nuevo régimen para descubrir tardíamente que este los había convertido en nuevos proletarios, sometidos a la aceptación de una precaria contratación con tal de no hacer parte del ejército de desempleados. Una siniestra y nueva figura vendría, como buitre, a aprovecharse de su miedo: las cooperativas de empleo, cómplices de una relación laboral que condena al profesional a la condición de proletario sin derechos laborales consagrados por cualquier país civilizado como fundamentales.
Una cierta desidia, una cierta indiferencia con esas políticas públicas se correspondió con cierto conformismo respecto de la reducción de la enfermedad al puro aspecto biológico de ella. Así el cumplimiento consistía en atender al mayor número de pacientes por hora y, al mismo tiempo, no dejar que alguno se quedara sin algún diagnóstico. Aclarando que todo diagnóstico debería contemplar el uso exclusivo de fármacos en su terapéutica. Entre otras consecuencias, la vigilancia sobre los efectos secundarios de los medicamentos ha disminuido notablemente contribuyendo a que prolifere la iatrogenia.
Sobre estas consideraciones, la atención psicosocial de las víctimas del conflicto armado en Colombia, queda amenazada de muerte y, con la extensión de ciertos diagnósticos, supondrá un incremento de la patologización de las reacciones psicosociales trayendo con esto, en la actual política de salud, el uso innecesario de medicamentos.
Si agregamos los desastres naturales, el llamado Trastorno Por Estrés Postraumático (TEPT) sobrevendrá como exclusiva nominación de la condición de los afectados. Si a esto se agrega el uso que se hace del concepto en boga de resiliencia y la tendencia a ignorar los factores sociales de la enfermedad, la enfermedad reemplazará la condición de ciudadanos con derechos de los afectados y se procederá a depositar la responsabilidad de los efectos patológicos en la idiosincrasia de los mismos. Se apelará a un ejercicio basado en la evidencia que exonerará de toda responsabilidad a aquellos que, en el ejercicio de un poder que se supone sometido a unas exigencias constitucionales, hayan incumplido con las obligaciones que condujeron a la tragedia de la cual los ciudadanos salieron afectados, enfermando de TEPT o no.
Es un proceder que debe combatirse con la mayor decisión. La proletarización del profesional de la salud ha sido conseguida. Ahora se espera disciplinarlo, es decir, hacerle renunciar a los postulados de sus respectivas disciplinas y someterlo a los postulados de una disciplina que procede, exclusivamente, de los intereses del mercado.
De otra manera, en lugar de superar los efectos del conflicto, se ayudará a consolidar el propósito del Pensamiento Único, tan eficaz en la actualidad en regímenes como el chino, que ha llevado a la realización el ideal de Mussolini: la combinación siniestra entre la economía de mercado y la presencia tiránica de un Partido Único.
Estrategias de atención primaria en salud que partan del empoderamiento de los ciudadanos del cuidado de la misma y la vigilancia permanente de quien pretenda usufructuar su malestar en exclusivo beneficio propio, tendrán que pensarse como capaces de impedir esta configuración de la oferta en salud.
El énfasis en los derechos de los ciudadanos, que incluyen a enfermos y profesionales de la salud, tendrá que hacer parte del modelo conceptual que de sentido a formas de operación que restablezcan la salud como un derecho humano.
La decidida promoción de discusiones abiertas en los ambientes académicos y sociales acerca de lo que define la salud y lo que define la enfermedad, será necesario ponerla en práctica. La constitución de Mesas de Trabajo locales para tal efecto será una estrategia adecuada.
Repensar porqué el Comité que dirigió la Revolución Francesa se denominaba Comité de Higiene Pública… es una buena idea. Es que la transformación de la sociedad, en ocasiones, se convierte en el único, inevitable y deseable camino para conseguir una adecuada salud pública.
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