No es tiempo para preguntarnos a dónde vamos a parar de seguir así… Es tiempo de decir, sin temor, a dónde hemos venido a parar por haber hecho lo que se hizo y no haber hecho lo que se dejó de hacer.
Nuestros chicos y chicas, de un tiempo para acá, parecen constituir suficiente objeto de interés para los medios. Simultáneamente víctimas y victimarios de un desfiladero por el que se arroja lo peor de ellos mismos en crónicas que no se pueden liberar de su dependencia por la elevación del rating de sintonía y cuya forma y contenido se someten a aquel decir que no ponga demasiado limón en la herida ni alcance a los verdaderos responsables de un genocidio, de este sistemático exterminio que se viene practicando contra los jóvenes de nuestro país, contra nosotros mismos.
Nuestros hijos y nuestras hijas al igual que el ex presidente Uribe, tampoco han conocido un solo día de paz durante su corta existencia. Pero a diferencia de él, muchos de ellos no se han involucrado directamente en la participación del ejercicio de violencia, ni en la prédica de la retaliación ni en los cantos jubilosos y exaltados que predican las virtudes del exterminio.
En las comunas de las más grandes ciudades de nuestro país, asistimos a la herencia que han dejado los valores que cantaron jubilosos, como victoria pírrica, la desaparición de aquellos otros que se relacionaban con el deseo por la construcción de un orden justo, con la ampliación de la democracia y, sobre todo, con el derecho a preservar la vida mientras se hacía parte de proyectos pacíficos que procuraban la transformación de ese orden llamado “justo” por los jerarcas de la Iglesia cuando dicen oponerse al matrimonio entre homosexuales porque este contradice “el justo orden social”.
Muy pocos han reparado en el hecho evidente que se expresa en esa declaración: la convicción que tiene el representante de la burocracia sacerdotal en nuestro país, de que este cuenta con un justo orden establecido que es preciso defender de cualquier pensamiento, sentimiento o acción que puedan ponerlo en entredicho.
Los medios satisfacen la pasión necrofílica del que supone, como derecho, quedar debidamente informado acerca de la realidad. Pero esa que muestran los medios ¿acaso es la realidad toda del acontecimiento? En lo que se refiere, por ejemplo, a la Comuna 13 de Medellín, esos mismos medios nos informaron, hace años, que había sido debidamente pacificada. Pero hoy la vemos saltar al escenario mediático amenizando otras noticias procedentes de lo que ocurre en los barrios populares de las grandes ciudades, como queriendo señalar que la amenaza pende sobre… quienes… sobre nada más y nada menos los que sobrevivieron a la fase anterior de la guerra contrarrevolucionaria y que hoy se han instalado, triunfantes, en la periferia de esas grandes ciudades a la espera de la orden para finiquitar lo que, en materia electoral, han conquistado de manera contundente.
Los medios están al servicio de un miedo, de cierto miedo, de aquel que posibilita la ampliación de la oferta en el mercado de productos que están al servicio de crear sensación de seguridad en los consumidores. Nuestras ciudades se han convertido, progresivamente, en espacios cerrados y las interacciones entre nosotros cada vez dependen más de la comunicación mediática (celular, Internet, etc.).
Se nos dice que se trata de otra violencia y que el nombre de los criminales es otro distinto del que gozaban anteriormente. No hay tal, se trata de la misma violencia que, habiendo triunfado en el campo, hoy se dispone a dar el zarpazo final en las ciudades. Que el ejercicio de esa violencia tenga que ver con el comercio ilegal de sustancias (sobre todo de sustancias químicas que no se producen en este país sino que son importadas desde el primer mundo…), todo eso hace parte de una política de exterminio que persigue un fin superior cual es el del sometimiento al orden del encierro, al de la desaparición de la protesta social y a la consecución de un confinamiento perfumado por los aromas de una tecnología al servicio de la quietud y del sedentarismo.
Que se matan entre sí por motivos baladíes: una potencia ocupó a una nación alegando que esta poseía arsenal nuclear, el mismo que, durante los años de la ocupación, nunca se pudo encontrar. ¿Se trata de un motivo superior? Comparado con el que se adjudica a los jóvenes, ¿goza de mayor status moral?
Probablemente los jóvenes y las naciones ocupadas, coinciden en desmentir que el único que goza de autoridad para ejercer la violencia sea aquel que procura someterlos. Descubriendo y denunciando que la pretendida autoridad no se ha usado en beneficio de toda la humanidad sino en satisfacer los intereses de unos pocos, descubren para ellos mismos los supuestos beneficios que trae el uso de la violencia en el trámite de los conflictos sociales. Una Ley que ha sido usurpada por esos pocos que hacen de su ejercicio una variante de la arbitrariedad suprema, pierde todo respeto por parte de los ciudadanos que tienen la misma capacidad intelectual de aquellos y obran en consecuencia.
Llamar a someterse a una Ley excluyente, benéfica solo para unos pocos, legitimadora de la arbitrariedad y de las injusticias que se han cometido contra los más débiles, es como si el león convenciera a los antílopes de que no les queda otro camino que pastar en las vecindades de su territorio como única manera de salvarse.
Hay que pensar en otra forma de organización social en la que la inclusión no sea simplemente bandera polìtica, sino que sea aquel acto indispensable para la supervivencia de todos. El mercado, como único árbitro de las relaciones entre las personas, ha demostrado favorecer exclusivamente a aquellos que se hagan al monopolio de poderes públicos y privados que, a través exclusivamente del ejercicio de la fuerza, conminan a los perdedores a la desaparición forzada.
Es cierto, la combinación de todas las formas de lucha en buena parte condujo a los movimientos guerrilleros a su actual estado de aislamiento. Eso quiere decir que también un régimen que ha sido capaz de practicar la misma combinación de todas las formas de lucha, le puede llegar su fin.
Criminalizando a los jóvenes no se va a librar de ese destino. Y muchos menos manteniendo silencio absoluto sobre el complejo militar-industrial y financiero que se beneficia ampliando el mercado para sus dispositivos de guerra. Los paraísos fiscales que, como el de Islas Caimán gozan del beneplácito de dos de las más grandes potencias del mundo (EU y Gran Bretaña), mantienen el oxígeno necesario que preserva la salud de una operación definitivamente criminal y necesitada, hoy más que nunca, de toda clase de ejércitos, regulares e irregulares, para su supervivencia. Las crónicas de los medios deliberadamente callan a este propósito y mientras lo sigan haciendo sus estridentes contenidos y sus formatos amarillentos cumplirán el papel de gendarmes ideológicos de tal operación.
Dejar de hacerlo, es decir, dejar de guardar silencio a este respecto nos demostrará a los demás que su interés no es el de aprovechar una situación dada simplemente para elevar el rating de sintonía y con él garantizarse unos precios de pauta publicitaria que los sigan enriqueciendo como hasta ahora.
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